No
es argumento válido |
Con motivo del fallecimiento de una mujer de origen
chino en una clínica abortista de Beniarbeg (Alicante), dirigida por
Pere Enguix uno de los más destacados promotores del aborto
en la Comunidad Valenciana, se ha levantado una viva polémica
que ha trascendido a los medios de comunicación social, lo que justifica
más si cabe una reflexión sobre este hecho. Son muchos los aspectos
que podrían abordarse sobre el tema, pero aquí quiero referirme a
cuatro que me parecen de interés.
1. El aborto realizado en clínicas autorizadas,
es decir, que cuentan con todas las medidas de seguridad que la
ley establece para realizar esta práctica, no tiene apenas efectos
médicos secundarios, y menos mortalidad. Estimo que esta última
puede ser pareja a la que se da en intervenciones quirúrgicas banales,
como pueden ser una apendicitis o una hernia inguinal. Por tanto,
la desgraciada muerte de la mujer china se puede encuadrar dentro
de ese porcentaje insignificante de accidentes mortales que se pueden
dar tras intervenciones quirúrgicas simples. Por ello, creo que
esta muerte no debería utilizarse como punto de apoyo para avalar
la defensa de la vida del no nacido, ni la lucha directa contra
el aborto. Es simplemente un desgraciadísimo accidente médico, si
médica se puede llamar a la intervención abortista.
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Es
un argumento aplastante |
2. Otra cosa es que en medicina se pueda admitir
un accidente, cuando la finalidad del acto médico es propiciar la
salud del paciente o salvar su vida. En este tipo de acciones siempre
hay un riesgo que debe ser proporcional al bien que se pretende
conseguir para el paciente; es decir, el posible peligro de un efecto
no deseado debe valorarse según las reglas de riesgo-beneficio que
debe regir cualquier actuación médica. La gran diferencia entre
una muerte accidental tras una intervención quirúrgica banal y la
muerte tras un aborto es que, en el primer caso, la muerte se da
secundariamente a una práctica que trata de salvar una vida, mientras
que en el aborto la muerte es consecuencia de una práctica, me cuesta
llamarla médica, que se dirige directamente a propiciar la muerte
de un ser humano. Por tanto, creo que el bosque no nos debería impedir
ver los árboles. Esta muerte, desgraciadísima, es otra más que se
añade a las 70.000 que cada año se producen en nuestro país por
causa del aborto, y ante las cuales la sociedad parece aletargada.
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Autoridad
sanitaria |
3. Lo que sí debe ser investigado son las condiciones
en las que se realizó el aborto de Beniarbeg, si la clínica cumplía
todos los requisitos legales que la ley establece para practicar
abortos. Valorar esto corresponde a las autoridades sanitarias,
que imagino ya lo estarán haciendo. Sin embargo, esta muerte debería
servir para auditar a las clínicas que se dedican al pingüe negocio
del aborto, para comprobar que, al menos, cumplen todos los requisitos
legales para terminar con la vida de los hijos, pero con el mínimo
riesgo para la vida de sus madres.
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Una
ley que no se cumple |
4. Pero este desgraciado suceso nos da pie para
añadir una reflexión más. Está bien, mejor dicho es indispensable,
que las clínicas abortistas cumplan las disposiciones legales existentes
para su apertura y funcionamiento, ¿pero cumplen también los requisitos,
asimismo legales, establecidos para que un aborto pueda practicarse?
Con toda seguridad que no. Como muy bien saben los lectores, en
nuestro país alrededor del 98 por ciento de los abortos se despenalizan
ante la alegación de un problema físico o psíquico grave de la madre.
Legalmente esto debe ser avalado por un médico especialista distinto
a los que trabajan en la clínica donde se va a realizar el aborto.
No hay duda de que, en la mayoría de los casos, esto no se cumple
y, además, existen otras irregularidades de mayor fuste que aquí
no vamos a comentar. Por ello, animo a que se audite seriamente
cómo se llevan a cabo los abortos en nuestro país y que, si no es
posible evitar esta plaga, la mayor del siglo XX, en palabras de
Julián Marías, al menos se practique cumpliendo estrictamente las
disposiciones que la ley establece.
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Con
dinero público |
No
me cabe duda de que, si esto se llevara a cabo, no solamente se reducirían
los 70.000 abortos que se produjeron en el año 2002, sino también
los ingentes gastos que, para unas arcas sanitarias exangües, suponen
los centenares de millones de pesetas que anualmente se dedican a
pagar los abortos realizados en las clínicas privadas. Baste recordar
que, de los 69.857 abortos que se notificaron en 2001, el 97,5 por
ciento se practicaron en clínicas privadas, y que el importe de esta
práctica es abonado a esos centros, con diferentes matizaciones, por
las Consejerías de Salud de las distintas autonomías. No sé si lo
habrán preguntado nuestras autoridades sanitarias, pero no es aventurado
pensar que los votantes del partido en el poder pudieran desear que
esos millones se dedicasen a otros fines sociales y no a terminar
con vidas humanas inocentes.
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