Los periodistas bolivianos, desde hace una semana, se han declarado en “estado de máxima alerta” y, lentamente, se han puesto en pie de combate contra el “Grupo PRISA” —de propiedad del controvertido y cuestionado Jesús Polanco—, que también estaría cuestionada por su “actividad poco clara” en otros países donde tiene inversiones.

        Según las principales organizaciones de periodistas de Bolivia, el “monstruo empresarial PRISA” —que en España dirige el influyente periódico “EL PAÍS”, la cadena radial “SER” y tiene otros negocios en varios países de América Latina—, además de “violar” disposiciones legales, “intenta ejercer presión y chantaje” sobre las autoridades bolivianas, “aprovechando su poderosa red de medios de comunicación”.

        También se denunció que por más de una semana los medios nacionales de Bolivia que dependen de “PRISA” —la Red Televisiva “ATB” y el influyente periódico “LA RAZON”— intentaron “aislar e invisibilizar mediáticamente” el conflicto ejerciendo presión sobre los dueños de otros medios de difusión.

        Sin embargo, el cerco mediático fracasó. Pues, luego de 8 días de huelga de hambre y una inocultable marcha de protesta de periodistas en el propio centro del poder —la Plaza Murillo, en cuyos alrededores funcionan el Palacio de Gobierno y el Poder Legislativo—, a los otros medios no les quedó otra alternativa que “dejar hacer su labor profesional a los periodistas” y hacer público el conflicto.

¡Si hacen huelga se van!
        El 24 de agosto, ocho trabajadores y dirigentes de la Red “ATB”, después de exigir un incremento de sueldos, una recategorización salarial y mejores condiciones de trabajo, fueron despedidos sin ninguna causa legal.

        El único argumento que manejó la empresa para los despidos fue el anuncio de “una posible huelga de los trabajadores del canal”, quienes, luego de 8 meses de negociación, no obtuvieron respuestas a varias de sus peticiones.

        De acuerdo a la gerencia de ATB, “para evitar una huelga, ellos se vieron obligados a tomar determinadas medidas” despidiendo a los “principales instigadores”.

        La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, tras enterarse de este ilegal hecho, decidió iniciar una huelga de hambre. Su secretario Ejecutivo, Marcelo Arce, cumplió hoy el octavo día de la extrema medida. Y el ayuno voluntario ahora tiende a masificarse.

        “Este hecho es muy grave. Es la primera vez que en el sector sindical de los periodistas que se penaliza un anuncio de huelga”, dijo Arce, tras explicar que él no levantará su extrema medida hasta que la empresa respete las leyes bolivianas.

        En la masiva marcha de protesta que se realizó ayer, Arce también exigió al gobierno de Carlos Mesa hacer respetar las leyes laborales, que también están vigentes para las transnacionales, y “derogar el decreto neoliberal 21060.
Pero, el tema no concluye ahí.

¡Fuera los dirigentes!
        Esta serie de irregularidades se hacen más arbitrarias cuando cuatro de los ocho despedidos de “ATB” son dirigentes debidamente reconocidos por sus instituciones sindicales matrices.

        De acuerdo a las leyes bolivianas, los dirigentes están protegidos por el fuero sindical y, por lo tanto, no pueden ser cambiados de sus fuentes de trabajo y menos despedidos.

        Empero, la multinacional “PRISA” tampoco respetó este hecho y ahora viene haciendo una serie de piruetas para justificar la “violación” de las leyes bolivianas.

        Por si todo esto fuera poco, el 13 de agosto, en el periódico “LA RAZON” igualmente echaron de forma ilegal de su fuente de trabajo al ex secretario ejecutivo de la Federación de la Prensa y actual delegado a la Central Obrera Departamental de La Paz, Arcenio Alvarez, quien también viene realizando una radical huelga de hambre a la intemperie, en pleno paseo de El Prado, en la avenida principal de La Paz, para denunciar ante la sociedad el “manoseo” de las leyes bolivianas por parte de las poderosas transnacionales de la comunicación.

        Ante estas denuncias, el Ministerio de Trabajo “conminó”, mediante una Resolución Ministerial, a los responsables de “ATB”, Carlos Villazón, y “LA RAZON”, Juan Carlos Rocha, a reincorporar “inmediatamente” a los dirigentes despedidos a sus puestos de trabajo.

        Sin embargo, “PRISA” y sus representantes en Bolivia, sin ningún argumento y respaldo legal, continúan con su radical e ilegal posición. Sus abogados, en una reunión de conciliación, afirmaron, sin ningún rubor, que los despidos de los dirigentes son “innegociables”.

Nacionalización
        Este conjunto de hechos ha generado conciencia en varios sindicatos de otros medios de información y algunos sectores de la población boliviana, quienes han exigido al gobierno de Carlos Mesa investigar la “ilegal y prepotente” actividad de esta “poderosa” multinacional de la comunicación, que no sólo “distorsiona” la realidad noticiosa boliviana, sino también “explota” sin contemplación a los trabajadores de la prensa.

        Mediante un comunicado público, la Confederación de la Prensa de Bolivia y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia exigieron al “Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo investigar las actividades en el país de este, económicamente poderoso, grupo empresarial en medios de comunicación, a fin de establecer su propia legalidad en el país”.

        En medio del conflicto, varios periodistas y organizaciones sociales han lanzado la idea de “nacionalizar” los medios de comunicación manejados por las multinacionales y “expropiar” los medios de comunicación que están en manos de algunas acomodadas familias que tienen vinculaciones con otras empresas industriales, las empresas transnacionales petroleras y el poder.

        Hasta el momento, el conflicto se ha polarizado. El gobierno y el Poder Legislativo se han comprometido ante los periodistas en hacer respetar las leyes. Los periodistas, por su parte, han determinado radicalizar sus medidas y hacer conocer a escala internacional estos atropellos a los derechos elementales de los trabajadores bolivianos y los periodistas.