El Tribunal Supremo de EE.UU. da luz verde al cheque escolar
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictado el 27 de junio la sentencia más esperada del año judicial: la relativa a la constitucionalidad del cheque escolar en Cleveland (Ohio). Por la mínima diferencia, 5 contra 4, los jueces declaran que dar dinero público a los padres para que lo gasten en colegios religiosos no es contrario a la separación entre Iglesia y Estado, siempre que se permita también emplear los fondos en centros no confesionales. Es probable que a partir de ahora se extienda el cheque escolar en Estados Unidos.

Rafael Serrano 3/7/2002. ACEPRESA. Servicio 92/02

Otra opción por la libertad

        Hasta ser confirmado por el Tribunal Supremo, el cheque escolar de Cleveland ha recorrido un largo itinerario judicial desde 1996, con sentencias favorables y contrarias (cfr. servicios 150/99, 4/00 y 175/00). Se alegaba que contradecía la Primera Enmienda a la Constitución, que exige neutralidad religiosa a los poderes públicos (1). Finalmente, el Supremo ha dictaminado que el cheque escolar de Cleveland es constitucional. El fallo (caso Zelman v. Simmons-Harris) ha sido redactado por el magistrado William Rehnquist, presidente del Tribunal.

        También el cheque vigente en Milwaukee (Wisconsin) había sido recurrido, sin éxito, por el mismo motivo (ver servicio 95/98); pero el caso no llegó al Tribunal Supremo nacional. Cleveland ofrecía la mejor oportunidad a los contrarios del cheque. En Milwaukee, dos tercios de los beneficiarios emplean el cheque en escuelas confesionales; en cambio, en Cleveland la proporción es del 96%, lo que –según los demandantes– muestra que el sistema favorece la religión.

Los individuos son libres siempre al emplear las ayudas

Libertad para elegir

        En todo caso, la sentencia precisa que lo relevante no es si muchos o pocos alumnos van a colegios religiosos gracias a dinero del Estado. Lo contrario llevaría al absurdo de que el programa de Cleveland sería inconstitucional, pero no lo sería otro idéntico en Maine, donde menos del 45% de las escuelas privadas son confesionales. Lo relevante es si el diseño legal del plan respeta la Primera Enmienda, que prohíbe a los poderes públicos toda disposición que tenga la “finalidad” o el “efecto” de favorecer o estorbar la religión (2). Dice la sentencia: “Nadie discute que el programa recurrido aquí se promulgó con la finalidad secular legítima de dar asistencia educativa a niños pobres de un sistema escolar público claramente deficiente. Por tanto, la cuestión planteada es si el programa de Ohio tiene, no obstante, el ‘efecto’ prohibido de promover o impedir la religión”. Los demandantes alegan que la promueve.

        Para dilucidar el asunto, el fallo recuerda primero que hay dos maneras de que el dinero público llegue a instituciones religiosas: mediante ayudas directas a las instituciones, por razón de las funciones sociales que desempeñan, y por ayudas a particulares que, a su vez, recurren a los servicios de entidades religiosas. Sobre la constitucionalidad de las ayudas directas a instituciones religiosas, el Supremo –reconoce la sentencia– no ha mantenido siempre los mismos criterios.

        En cambio, la jurisprudencia del Tribunal ha sido inequívoca en relación con las ayudas entregadas a personas: para que sean constitucionales, basta que los beneficiarios tengan opción de emplearlas en instituciones religiosas o en otras no religiosas, y que puedan escoger con verdadera libertad. Para ello, las subvenciones han de estar dirigidas a una amplia clase de ciudadanos, definida sin referencia a la religión. Si todo eso se cumple, la acción del Estado es religiosamente neutral, y “la ayuda pública llega a las escuelas religiosas solo a consecuencia de las genuinas e independientes opciones de individuos particulares”. La sentencia añade que tres veces el Tribunal Supremo ha recibido demandas de inconstitucionalidad contra subvenciones de ese tipo, y las tres veces ha rechazado las demandas (3).

        Así pues, un programa oficial que reúna esas características no tiene el “efecto” de promover la religión, ni siquiera en apariencia. “Si accidentalmente se fomenta una misión religiosa, o parece que se respalda un mensaje religioso, eso se ha de atribuir al individuo beneficiario, no al Estado, cuya intervención termina con el desembolso de la ayuda”. Como decía The Economist (23-II-2002), “una vez que el cheque está en manos de los padres, es dinero de ellos, y pueden gastarlo donde quieran”.

Otros Estados se animan

Otros Estados se plantean el cheque

        Seguidamente, la sentencia examina el programa de Cleveland (ver detalles abajo: “Cómo funciona el cheque en Cleveland”), y concluye que cumple los requisitos de constitucionalidad. En efecto, la población cubierta por las ayudas es una clase de individuos definida sin referencia a la religión: los padres de cualquier niño en edad escolar residentes en el distrito. Las familias pueden escoger libremente, pues el plan está abierto a escuelas de toda clase: privadas –religiosas o no– y públicas. La única preferencia establecida no tiene que ver con la religión, sino que es para las familias de ingresos bajos. Todo eso demuestra la constitucionalidad del cheque, dice el Tribunal.

        El fallo del Supremo puede alentar leyes a favor del cheque en otras circunscripciones. En el Distrito de Columbia, que alberga Washington y está bajo administración federal, hubo un intento de implantarlo (ver servicio 149/95); pero el anterior presidente, Bill Clinton, vetó la medida. El mismo día en que se conoció la sentencia sobre el caso de Cleveland, un diputado republicano presentó en la Cámara de Representantes un proyecto para resucitar el plan. En California, un senador estatal presentará un proyecto preparado desde hace tiempo, pero que tenía apartado hasta que se pronunciara el Supremo. En New Hampshire, Nuevo México y otros diez Estados se han presentado proyectos de cheque escolar en la legislatura recién terminada.

La ayuda a los particulares se realiza en función de la renta Cómo funciona el cheque en Cleveland

        Muchas grandes ciudades de Estados Unidos tienen escuelas públicas deficientes. Pero las de Cleveland son las peores de todas. No cumplen ni uno de los 18 requisitos mínimos de calidad establecidos por el Estado de Ohio; solo uno de cada diez alumnos de décimo curso (15-16 años) aprueban el examen de aptitud básico; menos de un tercio de los estudiantes de secundaria logran el título. En 1995 un tribunal federal declaró el estado de emergencia escolar y ordenó que el Estado de Ohio se hiciera cargo de los colegios públicos de la ciudad, donde estudian más de 75.000 alumnos.

        Para poner remedio, el Estado aprobó, entre otras iniciativas, el llamado Pilot Project Scholarship Program, que proporciona ayuda económica a las familias residentes en cualquier distrito escolar de Ohio declarado en situación de emergencia (Cleveland es el único distrito que está en ese caso). Este es el plan contra el que se puso demanda de inconstitucionalidad por motivo del cheque escolar.

        En realidad, el cheque es solo una parte del programa, la que consiste en subvenciones para estudiar en la escuela, pública o privada, que los padres elijan entre las que participan en el plan. La otra parte ofrece ayudas para pagar tutores de apoyo a los alumnos que deciden permanecer en la escuela pública que les ha tocado. En uno y otro caso, el plan está limitado a alumnos de preescolar o primaria (desde 4-5 hasta 13-14 años).

        La ayuda para cambiar de colegio tiene dos modalidades. Si los padres escogen una escuela privada, reciben un cheque pagadero al centro. Si optan por una pública, el Estado entrega el dinero directamente a la escuela.

        Para participar en el programa, las escuelas privadas han de cumplir tres condiciones: estar situadas dentro del distrito escolar de Cleveland, tener el nivel mínimo de calidad exigido por el Estado y no hacer discriminación por motivo de raza, religión u origen nacional. A las escuelas públicas solo se exige que estén en otro distrito escolar, limítrofe de Cleveland.

        Los cheques se conceden en función de la renta. Tienen preferencia las familias con ingresos inferiores al doble del umbral oficial de pobreza, que reciben el 90% del coste de la matrícula en el colegio privado elegido, hasta un límite de 2.250 dólares. Los centros privados pueden, además, cobrar a estos alumnos un suplemento de hasta 250 dólares. Las demás familias reciben cheques por el 75% de la matrícula, hasta el límite de 1.875 dólares, y no hay tope para el suplemento. Estas familias pueden optar al cheque solo si las ayudas disponibles exceden el número de alumnos de bajos ingresos que lo solicitan.

        El importe máximo del cheque para los padres que eligen una escuela privada (2.250 dólares) es menos de un tercio del coste medio del puesto escolar en las escuelas públicas de Cleveland (7.097 dólares, de los que el Estado aporta 4.167). En cambio, si la escuela elegida es una pública de un distrito contiguo, recibe 2.250 dólares, además de la financiación ordinaria por alumno nuevo. Pese a este incentivo, ningún centro público se ha sumado al plan.

        El programa empezó en el curso 1996-97. En el curso 1999-2000 participaron 56 escuelas privadas, de las que 46 eran confesionales. Recibieron cheques más de 3.700 alumnos; el 60% procedían de familias que no superaban el nivel oficial de pobreza, y casi todos (96%) escogieron centros religiosos. En el curso recién terminado, los beneficiarios del cheque han sido 4.456.

        Las ayudas para tutorías se conceden según condiciones similares a las estipuladas para el cheque (el 90% del coste para las familias más modestas y el 75% para las demás). El límite es de 360 dólares. En el curso 1998-99 se beneficiaron de ellas unos 1.400 alumnos.

 

 

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(1) “El Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicar libremente una religión”, etc.; este precepto se aplica a los Estados en virtud de la 14ª Enmienda.
(2) Lo que se dice sobre la “finalidad” y el “efecto” no está en el texto de la Primera Enmienda (ver nota 1): es interpretación del Tribunal Supremo (caso Agostini v. Felton, 1997).
(3) Los tres casos son: Mueller v. Allen (1983), Witters v. Washington Dept. of Servs. for Blind (1986) y Zobrest v. Catalina Foothills School Dist. (1993).