Juan Luis Lorda

Sí, pero no

        Se hacen bromas y se dicen cosas injustas del Presidente de Gobierno. Pero ha planteado la cuestión del matrimonio gay de una manera inteligente y eficaz. Como si se tratara de un deber moral: para resolver una discriminación injusta. De aquí se deduce la urgencia de ponerle remedio. Y también que los que se oponen o nos oponemos, somos unos desaprensivos. Este argumento, suficientemente repetido, ha llegado a la calle, ha convencido y se ha llevado el gato al agua. El único problema es que es falso.

        En un sistema democrático, la igualdad de todos los ciudadanos se refiere a los derechos básicos. No se puede tolerar que se insulte a una persona, que se le impida entrar en un espacio público o que se le discrimine a la hora de cubrir un cargo por razón de sexo, de raza o cualquier otra. El Estado –y todos nosotros– tiene que luchar seriamente contra la discriminación. En todos los casos, con la misma firmeza y con un sentido del equilibro. No sea que, por chillar más, algunos acaben siendo más iguales que otros, como en la granja de Orwell.

        Todos los hombres somos iguales en lo fundamental y no se pueden establecer discriminaciones en los derechos fundamentales. Pero todos los hombres somos distintos en casi todo lo demás, y las leyes, para ser justas, tienen que distinguir. Se hace una ley para los equipos de fútbol y otra para los cuerpos de bomberos; una para los corredores de comercio y otra para los vendedores ambulantes. Distinguir no es discriminar. Es hacer justicia a la realidad.

        Durante muchos años, los grupos gay –que no representan a todos los que pueden sentirse homosexuales– han hecho campaña para que se reconociera su derecho a ser diferentes. Y han montado el día del orgullo gay precisamente para hacer presión. Ahora los mismos grupos gay que reivindican la diferencia, quieren reivindicar la igualdad. Tienen que aclararse. Si son diferentes desde el punto de vista sexual, necesitan una ley sexual diferente.

        Hay que respetar a todos, pero también hay que pedir respeto. No se debe ceder a presiones de las minorías que quieren ser más iguales que los demás. Porque ahora quienes no tienen derecho a ser diferentes son los matrimonios de hombre y mujer. Para el Estado todo va a ser lo mismo. Y va a obligar a todos, a los ayuntamientos, a las parejas y a los educadores, a comulgar con esta rueda de molino. A un niño no se le podrá explicar en el colegio que un matrimonio de hombre y mujer es diferente que la unión de dos personas del mismo sexo. No se va a poder tratar de distinta manera ni decir que es distinto lo que obviamente es distinto. Como en el cuento de la tela invisible y el rey desnudo.

        Quien crea que el matrimonio consiste en un pacto privado para convivir e intercambiar favores sexuales, quizá no aprecie las diferencias. Incluso puede sugerir que conviene ampliar la fórmula. Porque no está claro por qué tienen que ser dos y no tres o una comuna. Esto sin hablar de otros experimentos austríacos.

        Pero quien sepa lo que es un matrimonio y tenga conciencia de su valor biológico, psicológico y social, sí que sentirá la diferencia. Y esta equiparación le parecerá un despropósito al que es un deber oponerse. Porque la unión conyugal de un varón y una mujer tiene un claro significado biológico, reproductivo, psicológico y social. Responde exactamente a la biología de la reproducción humana y a la estructura misma de los órganos sexuales. Es el modo como se originan naturalmente los nuevos ciudadanos. Y pone en juego fuertes resortes psicológicos naturales de paternidad y maternidad, que benefician a los hijos. Por eso mismo, el matrimonio natural no es una cuestión sexual privada entre dos, sino una institución natural del máximo interés social.

        La palabra "matrimonio" viene del latín matri munus que significa literalmente el "oficio de la madre". Este oficio consiste en engendrar en su seno, dar a luz y criar a los nuevos ciudadanos. Esta es la clave del derecho matrimonial y evidentemente no tiene nada que ver con las uniones homosexuales. Desde tiempo inmemorial, el derecho matrimonial trata de garantizar que los nuevos ciudadanos nazcan en condiciones dignas y estén claras las responsabilidades para su cuidado, alimentación y educación. Encauza fuertes resortes naturales y con eso, protege el futuro de todos.

        Todas las demás relaciones sexuales tienen un carácter privado y se deben regular de otra manera. La unión homosexual no tiene ni va a tener nunca el significado biológico, reproductivo, psicológico y social que tiene el matrimonio natural. Por eso, necesita un tratamiento distinto. Y, si quieren una ley, necesitan una ley distinta. Quienes defendemos el matrimonio natural y genuino, no somos unos desaprensivos ni discriminamos a nadie. Al contrario, protegemos los derechos de algo distinto, como es el pacto conyugal de varón y mujer. Quienes defienden los parques naturales, quieren preservar la naturaleza tal como es. Quienes defienden las denominaciones de origen, protegen los productos tradicionales. Hay mucha gente que trabaja para preservar las especies naturales o para difundir un modo de vida o una alimentación natural. Con mucha más razón, quienes defendemos el matrimonio natural y genuino prestamos un gran servicio a nuestra sociedad.

        El gobierno ha actuado de una manera inteligente para sacar adelante su ley. Pero también ha actuado de una manera antidemocrática. Porque va directamente contra el espíritu de la democracia alterar las bases de la sociedad sin una consulta pública. No hay ley más básica ni institución más central de la vida social que el matrimonio. La clase política no tiene mandato ni autoridad para semejante alteración, aunque se lo permitan las leyes.